No es bueno que cunda la idea de que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Y es peor que lo puedan asegurar los que más saben sobre la materia, como son jueces y juristas. Los colegios de abogados españoles se han opuesto desde el principio a la nueva Ley de Tasas Judiciales, porque genera esta justicia de diferentes divisiones, como en el fútbol. Pleitear en los tribunales por las cuestiones más usuales se ha tornado muy costoso, eso es incuestionable. Si para recuperar dos mil euros, te tienes que gastar dos mil quinientos, dejas de recurrir a un abogado. Hay algo más: el poso que te queda es malo a sabiendas que no puedes llevar a cabo lo que crees que es más justo. Puede que la ley tenga la loable intención de descongestionar los juzgados de los miles de causas aún pendientes de juicio. Lo que sucede es que las tasas han traído un perjuicio a defensores y defendidos, unidos en el recordatorio de que sigue siendo una necesidad revisar la implantación de este nuevo sistema que no parece gustar a casi nadie o derogarla directamente.

Son los propios abogados los que piensan que los ciudadanos han perdido derechos con estas tasas, y que está en su mano reclamar su restitución. Nunca antes, que yo sepa, habían hablado tampoco los profesionales del derecho de la existencia de una justicia para pudientes y otra para los que no se pueden permitirse denunciar un hecho que consideren atentatorio contra su dignidad. Más que en tasas, la judicatura prefiere ahondar en que lo que necesitan son medios humanos y tecnológicos que se han venido prometiendo en el tiempo pero no se han cumplido. Acometer esta gran reforma puede que sea el quid de la cuestión. Es preferible a la implantación de tasas y más tasas, que te llevan a

pensar que se paga hasta por respirar.