La DGT avanza peaje carreteras, rectifica, pero el que avisa…

Saltamos de un mes a otro y, de manera invariable, los precios de todo resultan insoportables. Como remate, nos están preparando sibilinamente un 2024 en el que pagaremos por rodar con nuestros coches por las carreteras nacionales y autonómicas. Lo impone Bruselas, dicen, a cambio de darnos fondos europeos. Pues de haberlo sabido, y en consulta popular, a lo mejor hubiéramos dicho no a ese dinero prestado por Bruselas. Añado más. Esto de pagar por desplazarnos en coche, me hace pensar si pasará  igual con hospitales, escuelas o residencias de mayores. Y no es ponerse la venda antes de que se produzca la herida.

Siempre que se habla del estado del bienestar, lo primero que pensamos es en sanidad y educación, pero tener autovías por las que circular con nuestros coches de forma segura y, sobre todo, gratuita, es otro gran logro de ese confort general. Lo de moverse libremente por la red de carreteras españolas lleva camino de convertirse en uno de los primeros grandes recortes del año 2024, aunque las explicaciones que se dan ahora son muy vagas, y no olvidemos la cercanía de unas elecciones generales en las que mayormente se prometen muchas cosas, pero no se propician malas noticias para el bolsillo, por las consecuencias negativas que la implantación de nuevos impuestos pudieran tener en el voto.

Pere Navarro Olivella es el director general de tráfico, la DGT. Ha sido siempre un hombre claro. Tanto es así que hace unos días anunció lo siguiente en una televisión: “El año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes. Este sí que es un gran tema para un acuerdo entre los dos grandes partidos, para evitar que entre en el debate electoral, que al final todos salimos perdiendo». Casi de inmediato, el Gobierno tomó las riendas del asunto, y donde dije digo, digo Diego. Es decir, lo negó.

El tiempo dará la razón a Pere Navarro o al Gobierno que le nombró, aunque de paso nos hemos enterado de otro hecho trascendental. No hay un solo español que no haya oído hablar de los fondos europeos. Eso, sí,nadie nos había contado que recibir dinero de la UE, tras las graves consecuencias económicas y sociales provocadas por el Covid, llevaba acarreado que España debería a cambio tomar medidas drásticas como esta de imponer un peaje para circular por las carreteras que dependen del Estado, e incluso de las comunidades autónomas (no todas por igual, ya lo verán).

“No hay un solo español que no haya oído hablar de fondos europeos, pero llevaba acarreado imponer un peaje para circular por las carreteras”

De dar credibilidad a que España ya no puede mantener la conservación de sus carreteras, en las que en 2022 se invirtieron 1.371 millones, entonces no sé qué pensar en lo que en pocos años nos puedan anunciar sobre hospitales, colegios y atención debida a la tercera edad.

Supervisar adecuadamente los kilómetros de vías de todo tipo que hoy dependen del ministerio correspondiente se eleva a un número total de 26.459 kilómetros, que soportan el 52,5 del tráfico total y el 64,57 del pesado que conforman los camiones. Y no se pueden mantener, así de claro, aunque aquí el argumento que nos van a ir vendiendo progresivamente es que “quien contamina, paga”. Ósea, será más bien una medida climática, en vez de impositiva, y para que sigan llegando en adelante fondos europeos, los famosos Next Generation.

Dando un salto a otros servicios esenciales, los hospitales públicos ahora en España no llegan ni por asomo a los 400. Entre públicos y privados pueden llegar a 700. Respecto a colegios e institutos, los últimos datos que conocemos hablan de que contamos con casi 29.000 centros educativos. De estos, más de 19.000 son de carácter público y casi 10.000 los concertados y privados. Como sucede con las autovías y otro tipo de carreteras nacionales, ¿qué sucederá cuando algún día se proclame que ya no hay dinero para la sanidad o la educación? La misma duda me generan las residencias de mayores. Actualmente, las públicas no llegan a 1.500, del todo insuficientes, y las privadas, con un coste imposible de pagar para muchos ancianos interesados, superan en poco las 4.000 instalaciones.

Es curioso cómo en España van cambiando gobiernos autonómicos y también municipales, y se abordan asuntos de lenguas y colgar unas banderas u otras, pero no se oye nada de economía, es decir, de la situación real de finanzas de esas regiones y sus respectivas instituciones. Antes que carreteras, quizás habría primero que abordar todo lo que se puede ahorrar en España, producto de un despilfarro de gasto generalizado, y en muchas cuestiones que no son prioritarias para los ciudadanos. El director general de tráfico hablaba en sus declaraciones de que los dos grande partidos, PSOE y PP, son los que deben sentar las bases del futuro, cómo ha de ser comprendido, con una mayor aportación del dinero de los ciudadanos que, antes, deben ver que sus impuestos son bien gastados, algo que ahora sería difícil de asegurar.

Siempre repito mucho que en este país nuestro todo se aplaza hasta llegar a cronificarse. Del copago para rodar por nuestras carreteras se viene hablando desde hace diez años. No termina de tomarse una decisión porque cuando no hay elecciones a la vista, surgen otros graves problemas políticos, económicos y sociales, que aconsejan no adoptar esta medida que va a ser impopular del todo. Los españoles pensamos que, por todo, ya pagamos suficiente. En un momento, este, en que la comida, la gasolina, la luz, el gas, los seguros o el ocio están por las nubes, ¡a ver quién es el guapo que anuncia que se va a empezar a cobrar por desplazarse en coche de Santander a Burgos!

En España, sus gobernantes, ya deberían saber a estas alturas que Europa nunca ha dado o prestado dinero gratis. La letra pequeña de los fondos europeos lo vuelven a demostrar. Si la salida a una crisis como el Covid, va a ser que tendremos más impuestos, entonces no ha valido la pena tanto alarde de transferencias de dinero desde Bruselas. Resulta chocante, contradictorio e injusto, que cada día sea más patente esta nueva sociedad de pudientes hacia la que nos dirigimos, y el que venga detrás que espabile. ¡Para que luego digan que no estamos en total decadencia!

“Los partidos deben sentar las bases de una mayor aportación del dinero de los ciudadanos, que deben ver que sus impuestos son bien gastados”

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También lideramos en Europa el acoso escolar, ¡menudo país!

Es como si quisieran que nos acostumbráramos al acoso. Los más conocidos son el laboral y el escolar. Bullying lo llaman coloquialmente.  Oírse, se oye. Cuestión distinta es que surjan voces con soluciones, con normas, con leyes. Es decir, que no hay interés ni decisión. Dentro de este artículo, van a conocer datos increíbles sobre el acoso en España. También lideramos la lista europea sobre acoso escolar. ¿Menudo país estamos haciendo? Resulta que tenemos derechos, pero nadie nos auxilia cuando nos son hurtados mediante la agresión física o psicológica.

Se pueden encabezar listas buenas – primeros en educación, prosperidad e igualdad -, y listas malas – hambre, pobreza, injusticia o subdesarrollo-.  España, ahora que tenemos elecciones generales el 23 de julio, se ha convertido en un país controvertido, por liderar a nivel europeo o internacional las cuestiones más repudiables, y en este caso también hay que citar el acoso escolar, que cualquier día nos lleva al Libro Guinness de los récords estúpidos.

Claro que el asunto no es como para bromear. Se le ha ido de las manosal Gobierno a través del Ministerio de Educación y también a las consejerías homónimas en las diferentes comunidades autónomas. Asisten impasibles al crecimiento del problema, sin hacer nada para cortarlo de raíz. Los datos no pueden ser más escalofriantes. Aquí van tres.  El primero: 7 de cada 10 niños españoles sufren diariamente algún tipo de acoso. Segundo: Entre enero de 2021 y febrero de 2022 se detectaron más de 11.000 casos graves de acoso. Tercero: El año pasado, uno de cada diez estudiantes españoles, fue víctima de acoso.

Ojo que nuestro pésimo sistema educativo ni siquiera genera estos datos. Son el resultado de un estudio de la ONG Internacional Bullyng Sin Fronteras, análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y un informe publicado por Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes que sufren acoso. 

El acoso escolar tiene demasiadas caras, todas feas. Puede ser directo, mediante la agresión continuada. También psicológico, a través del insulto, el desprecio y la descalificación, todo de manera continuada. Y por si esto fuera poco, Internet y las redes sociales han venido a dar la puntilla, con un incremento desproporcionado de casos, frente a los cuales no parece haber soluciones, salvo la denuncia directa en un juzgado y también en los medios de comunicación. Hoy, la edad me ha convencido de que ante un acoso hay que hablar alto y claro. Puedes quedarte solo incluso dentro del propio trabajo (sé de lo que hablo) o de una clase de alumnos, pero hay que tirar para adelante hasta sacar los colores al acosador, al sistema y a quienes lo alcahuetean dentro del sistema. Todos los maltratadores y consentidores deben pagar lo que hacen en su acoso a otras personas débiles.

“La edad me ha convencido de que ante un ascoso hay que hablar alto. Los  maltratadores y consentidores deben pagar su acoso a personas débiles”

España es un país en el que todo se deja de lado, pensando erróneamente que la solución llegará sola, sin la intervención política. Nos equivocamos de plano y solo hay que ver el panorama actual. Nada de catastrofismo, tan solo la realidad, que es la que vemos a diario con tantas cuestiones en las que engrosamos las listas malas respecto a okupas, deuda, impagos, intervencionismo en la justicia, rebaja de delitos serios, leyes que excarcelan a delincuentes sexuales, mejor custodia de los dineros públicos, control para con la libertad de expresión e involucración político-ideológica en todos los estamentos del Estado y la Administración, algo que también genera critica constante por parte del Parlamento o la Comisión Europea. Otra cosa es que luego se hagan caso aquí a las recomendaciones constantes que nos hacen para dar una mejor imagen de país serio y democrático. ¡Ni caso a Bruselas!

Llevamos años viendo como crece el acoso escolar, también el laboral, pero, y pese a los anuncios hechos, nadie quiero legislar al respecto de todo esto, y poner orden en lo que ya es un problema en toda regla. Coincidiendo con las pasadas elecciones de mayo y estas de julio del 2023, se han dado incluso casos de chicos que se han quitado la vida, y en el sumario policial de las causas aparecen circunstancias de acoso, que llevan todo el camino de quedar impunes, porque no hay ley que atienda a estas agresiones que aumentan imparablemente.  

Pienso que los agredidos, las familias, incluso los educadores y los centros donde imparten enseñanza se ven muy desprotegidos ante las muchas variables que surgen en torno a determinados acosos. El ambiente familiar vuelve a ser esencial, en cuanto a la enseñanza de valores y la exigencia del cumplimiento de derechos recogidos en la Constitución. Pero nadie está libre de verse inmerso en problema semejante, ante la sociedad que estamos creando de la ley del mínimo esfuerzo, especialmente cuando se trata de la escuela.

Recuerdo no hace muchos años cuando salió a la palestra el debate, de muy corta duración, sobre la necesidad de reforzar la figura del profesor, dado el ambiente enrarecido que estaba brotando dentro de colegios e institutos. Como otras tantas cuestiones, ahí quedó la cosa, en nada. Sobre algo que solo puede tener una salida, todo el mundo opina, pero de forma diferente, sin nadie ponerse de acuerdo en nada, pactar bajo el prisma de la sensatez, y dar solución a los problemas. De manera genérica, ni más ni menos, esto sucede en España con casi todo (la famosa polarización). Y no puede ser. No puede ser porque hay cuestiones que son de Estado, como la educación, la lengua, la economía, lo laboral, la seguridad interior y exterior, la política penitenciaria, también la territorial, la inmigración, cada actuación dentro de la Unión Europea, y podría seguir con algo más dentro de lo que son las esencias o pilares fundamentales en el desarrollo justo y próspero de un país, Hay días en que pienso que ya no se respeta nada. Que se ofrecen cosas alocadas, lo mismo a jóvenes que a mayores, sabiendo de antemano que son imposibles, porque no hay recursos suficientes para ello. Mientras la demagogia se estira como el chicle, no se abordan otros asuntos de grandísima trascendencia. Díganme sino de que otra forma se puede valorar que 7 de cada 10 niños españoles sufran, a diario, algún tipo de acoso, y de los Gobiernos no salga ningún pronunciamiento.  Entonces, ¿para qué nos sirven?

“Ambiente familiar, valores y exigencia del cumplimiento de derechos, ante la sociedad que estamos creando de la ley del mínimo esfuerzo”

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Un suicidio cada seis días, aquí, en Cantabria, ¡terrible, actúen!

Enfermedades terminales y jóvenes son protagonistas principales en este aumento escalofriante de suicidios en Cantabria. Uno cada seis días, que se dice pronto. Si esto no es para alarmarse y actuar, entonces es que ya he perdido de manera total la noción de lo que es racional y lo que no. Los profesionales sanitarios se muestran conmocionados al respecto, porque sobre la reacción política parece que ni está ni se espera. Ya saben, todo va bien, el mejor país, inigualables, otros nos quieren imitar, etcétera, etcétera. Este relato está más pinchado que pinchado.

Hay muchas formas de vivir la vida, pero en todas ellas la ilusión resulta un condimento indispensable al que agarrarse, tanto en los momentos buenos como, especialmente, en los malos. Resulta impactante conocer, cuesta incluso creerlo, que Cantabria registra un suicidio cada seis días, y nos hemos colocado como región muy preocupante en este sentido. Todo se desmorona – entre tantas exageraciones y datos positivos no contrastados de que vamos muy bien como país y sociedad-, cuando te haces eco del drama que es asumir suicidios, uno tras otro. Como quiera que en España, empezando por su Gobierno, se mira para otro lado con respecto a casi todo, hasta que el asunto se pudra, con los suicidios ocurre lo mismo.

Tal cual. El informe de causas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), no deja lugar a dudas. A propósito, antes de seguir, quiero felicitar a este organismo púbico, ya que es de los pocos que ha demostrado en estos años malos su buen hacer e independencia, salvaguardado de la intromisión política o ideológica. Pues bien, en este estudio se citan las 6.884 muertes contabilizadas en Cantabria, muchos como suicidios, en 2022. Y lo peor es que por cada ciudadano que opta por acabar con su existencia, hay otras veinte que lo planean. Pero todo va bien. Somos un país idílico, en el que sueñan con vivir todos los extranjeros que nos visitan. El mejor de la Unión Europea, en cualquier aspecto que se aborde, incluido el sanitario, asistencial a las enfermedades terminales o raras, trabajo, justicia, igualdad y oportunidades. Resulta patético tanto relato falso y el análisis tan simplista que en muchas ocasiones hacemos de nuestros problemas. Respecto a los suicidios, en especial de gente joven, no se citan en la parrilla de los telediarios, que prefieren estar a la noticia cotilleo que a cuestiones tan serias como esta de la que hablamos.

El sistema sanitario español, una vez más nuestros médicos, siempre han estado alertas ante el suicidio.  Para demostrarlo, hay están programas que se han llevado a cabo en el pasado, con rotundo éxito. Pero los tiempos cambian para todo y para todos. Muchas de las personas que se suicidan no dan síntomas de ello, no piden ayuda, e incluso termina siendo una terrible sorpresa jamás esperada para sus propios familiares. Lo primero seria que se reconociera el problema y su magnitud. Seguidamente, aprobar planes ambiciosos, ya que los datos tan dramáticos demuestran que ha de haber una rápida y efectiva intervención para hacer disminuir semejante índice de suicidios en España. De ahí que los recursos hayan de ser también los necesarios para afrontar una situación de emergencia, porque así hay que denominarla.

 “Lo primero seria aprobar planes ambiciosos, los recursos necesarios, para afrontar una emergencia, porque así hay que denominarla”

Sobre la vida, la existencia y la convivencia se ha escrito mucho, pero luego ponerse en la piel de los infelices es otra cuestión. Me viene a la mente la canción tan pegadiza de Marc Anthony: Vivir mi vida. “A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía, y para qué llorar, si duele una pena se olvida, y para qué sufrir, si así es la vida, hay que vivirla, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. ¡Eso!”). Letra y música suenan muy bien. Luego, ponerlo en práctica, a diario, es ya otra cuestión.

A la problemática española, una perdida en cascada de valores y una educación que tiene más de ideología que de preparación para la vida, hay que sumar el después del Covid, y, en general, qué pasa por la cabeza de la gente, porque no lo sabemos con certeza. Tampoco nadie nos guía. Es igual en otras partes del mundo. El egoísmo, unos viven bien, otros mal y otros muy mal, se ha impuesto como conducta habitual. Hay políticas y elecciones, pero no se responde a las grandes preguntas del momento, a las angustias y preocupaciones, a los sinsabores y, sobre todo, decepciones. Si no atendemos a todas estas cuestiones es que solo estamos con un tipo de mundo para fuertes, también interiormente, sin importar todo lo demás. Así solo se llega a la pura y dura injusticia. Estamos pisando sobre un auténtico polvorín. Habrá quien diga que mezclo churras con merinas, pero no puedo dejar de mirar a lo que sucede hoy en Francia: una sociedad en choque frontal.

Las enfermedades terminales tienen una parte importante de culpa en tantos suicidios. El Covid nos ha dejado un pésimo sabor de boca sobre quien lo provocó y con qué finalidad. Creo que es momento de avanzar en la cura de muchas enfermedades, porque cuando se quiere ir con rapidez, como la vacuna del Coronavirus, se hace. ¿Entonces? En los países ricos no nos podemos quejar. Tenemos unos servicios asistenciales de primera. Estamos cuidados. Pero la falta de dinero siempre ha sido una excusa para no dotarse de mejores ayudas en cuanto a lo que supone hoy todo lo relacionado con la salud mental. Aquí radica uno de los grandes cambios que hemos experimentado con la entrada de un nuevo siglo. Las enfermedades y dolencias mentales avanzan a un paso vertiginoso, y los Gobiernos, Administraciones y sus respectivos medios se quedan atrás a la hora de calcular, afrontar y contrarrestar los casos que se dan.

Termino con la juventud y el porqué de tanto suicidio. El que entienda su forma de ser y pensar actuales, que dé un paso al frente. Móvil, chats, redes sociales, influencers, series, sin libros, los medios de comunicación no les interesan, escasa educación y cultura, bullying, los padres sin comprender ni saber, tan solo que lo tengan todo, aún sin esfuerzo alguno. Hay una ruptura generacional tremenda. Y esto es lo que les puedo contar, porque yo tampoco sé más. Lo único que veo claro es que hay que actuar ya mismo.

“Juventud y el porqué de tanto suicidio. El que entienda su forma de ser y pensar, que dé un paso al frente. Hay una ruptura generacional tremenda”

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Una ley vulnerable para evitar el acoso comercial por el teléfono

Empezaré a pensar que este país es otro, cuando no suene a todas horas el teléfono de mi casa o el móvil, para venderme desde un nuevo contrato de la luz al seguro del hogar. Es una clara invasión de la intimidad, no consentida ni autorizada. Cada vez que se anuncia una nueva medida legal al respeto, el asunto empeora. Ahora entra en vigor la Ley de  Telecomunicaciones, con apartados referidos a esta mala práctica. Sin embargo, las multas son endebles para el poderío económico de las grandes multinacionales. Total: que me parece que el móvil no dejará de sonar, y al otro lado te abordará alguien que no conoces de nada.

No creo que exista un solo hogar español exento del acoso comercial telefónico. Principalmente llamándonos al móvil, los ciudadanos sufrimos molestias a las horas más intempestivas, y lo mismo se podrían denunciar llamadas al anochecer e incluso en sábados. Por supuesto, los momentos de la comida y de la siesta son los instantes preferidos por las operadoras para incordiarte con que cambies de compañía energética, línea de móvil o mejor seguro de automóvil o sanitario del que puedas tener ahora. Todo un camelo, empezado por las persecuciones que los usuarios venimos padeciendo en España, ya que dichas compañías te llaman donde sea menester (móvil, casa, trabajo), y a la hora que les parezca. Por supuesto que, al recibir estas comunicaciones no consentidas, las malas contestaciones abundan como respuesta, no aportando buen ejemplo que contrarreste la de por sí mala educación nacional.

Ahora entra en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, que cuenta con aspectos muy concretos de protección del usuario ante estos abusos de llamadas no autorizadas. Será ilegal que sin un consentimiento previo las empresas se comuniquen con los usuarios, o salvo que la llamada sea necesaria para el cumplimiento de un contrato o para los intereses vitales del usuario. Estos últimos aspectos no me gustan porque dan mucho margen para seguir como hasta ahora. Luego están las multas. La más gorda puede llegar a los 100.000 euros, pero estamos hablando de unas multinacionales que manejan más dinero que muchos pequeños países subdesarrollados.

Aquí contamos con leyes sobre transparencia o protección de datos, pero sin una concienciación social para el cumplimiento ejemplar de las mismas nunca saldremos de los casos de su mala aplicación. Si algo empeora más si cabe los contenidos de estas normas es que el propio Estado, Gobierno o Administraciones no sean las primeras en aplicar a rajatabla la custodia rigurosa de cualquier fichero relacionado con un ciudadano.

“Entra en vigor la Ley General de Telecomunicaciones. Será ilegal que sin un consentimiento previo las empresas se comuniquen con los usuarios”

Con nueva Ley de Telecomunicaciones o sin ella, la mala costumbre está ya demasiada afianzada. Tiempo atrás no nos hemos hecho adecuadamente bien las preguntas acerca de porqué tienen nuestros teléfonos y direcciones particulares, quién se los ha facilitado, ¿se venden entre empresas este tipo de información?, ¿se sigue haciendo hoy?, ¿continuará siendo así el día de mañana?

Vale, hay multas. Son pobres. Existe un organismo al que acudir en caso de sentirte acosado, como es la APED (Agencia Española de Protección de Datos). Muy pocos están hechos en el conocimiento de este departamento gubernamental. Además, cuando entra en vigor esta nueva normativa en telecomunicaciones, la Administración, sobre todo la central, no está precisamente en sus mejores momentos de eficacia. Atiende muy poco presencialmente, y mayormente has de pedir cita previa (¡increíble!). De ponerte en contacto con la Administración a través de sus webs y no digamos por teléfono, más te vale ser hombre o mujer con dotes de paciencia, porque, de lo contrario, el enfado está asegurado. Esta es la gran debilidad de esta Ley de Telecomunicaciones, su vulnerabilidad, y por qué no apuesto mucho por ella.

De todas formas, un artículo es divulgación. Puede ir de boca en boca, por e-mail, wasap o terminar en las redes sociales. De ahí que les voy a contar lo que aconseja Protección de Datos si nos siguen incordiando con llamadas al móvil no autorizadas, que incumplen las leyes, y que además (con sorna digo que esto es lo peor) nos levantan de la mesa mientras estamos comiendo o nos despiertan abruptamente de la merecida siesta. La APED recomienda contactar con la empresa que te da la lata y lanzarles un primer aviso, además de reclamarles que te borren de sus ficheros. También podemos interponer una reclamación ante la propia Agencia de Protección de Datos. Los españoles somos muy dados a pedir favores por todo, cuando el pertinente escrito, ahora e-mail, sigue siendo un documento muy efectivo que enviar y registrar en una Administración concreta que no te está ofreciendo el servicio y atención que merecemos.

Creo que tampoco están suficientemente publicitados, pero existe la posibilidad de que nos registremos en sistemas de exclusión publicitaria, estilo listas  Robinson. Son directorios creados con la finalidad de ayudar a particulares a librarse del acoso publicitario vía teléfono, SMS, e-mail o correo postal. Aunque hay que insistir en que el legislador y, especialmente el Gobierno, debe erigirse en el auténtico defensor del contribuyente. Eso ahora no pasa y solo hay que citar el gravísimo problema de los okupas, sin interés ninguno por solucionarlo que hay dentro del Consejo de Ministros.

Hasta ahora, y en defensa del consumidor, tampoco han funcionado los códigos éticos anunciados por las grandes compañías o multinacionales, en su intento de mejorar la imagen frente a los usuarios. Se presentaban, se incluían apartados sobre que las llamadas telefónicas a hogares se harían en horario comercial, pero luego se incumplía lo dicho desde el minuto uno. En España no ha habido además grandes sanciones en este aspecto. Y si las ha habido, recurso tras recurso interpuesto, al final la casa se ha quedado sin barrer. Otros países de nuestro entorno son mucho más serios y exigentes en este sentido.

Como quiera que no paran de llegar de Bruselas rapapolvos al Gobierno y la Administración española sobre medidas adoptadas aquí que no encajan en el funcionamiento de la Unión Europea, resumo futurizando que no podemos esperar mucho de la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones. No existe un buen ejemplo en general sobre el respeto a la legalidad: rebaja penas malversación, sedición, okupas, bochorno y gravedad extrema social creada con la Ley del sí es sí, intromisiones en el Poder Judicial, sentencias chocantes del Tribunal Constitucional, último tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos sobre elección de jueces en el Consejo General del Poder Judicial, suma y sigue. Un escenario así, no es como para tener confianza en que se vaya a velar por la protección e intimidad de los ciudadanos, y que deje de sonar de repente el teléfono para ofrecerte con insistencia un mejor contrato de gas. ¡Que estabilicen los precios de todo y se dejen de gaitas!

“Tiempo atrás no nos hemos hecho bien las preguntas sobre porqué tienen nuestros teléfonos, quién se los ha facilitado o se venden entre empresas”

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23 Junio 2023

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