No podemos acostumbrarnos a leer sucesos sobre accidentes mortales de tráfico, que se podían haber evitado, de haber una legislación más acorde a estos tiempos tan raros. Desde luego, 2024 no fue nada bueno para Cantabria en esta materia, y este año tiene toda la pinta de que va a continuar la racha negativa. Ante el aumento de conductores sancionados por estar bajo los efectos de drogas y alcohol, y de ahí cometer locuras que ponen en riesgo la vida de otros, o directamente acaban con vidas inocentes, ¿se puede hacer más? Es lo que planteo precisamente en este artículo de opinión.
Una noticia aparecida en este periódico mes suscita alarma que no observo ni en el Gobierno, ni tampoco en las administraciones con competencia en todo lo referido a vehículos, conductores, permisos y controles. El titular dice: “Seguridad vial: Las denuncias de la DGT por presencia de droga se disparan casi un 150 % en Cantabria”. Como digo, el hecho, que evidentemente se da y crece en toda España, es como para preocupar, al igual que el gran incremento de denuncias y sanciones por alcoholismo, exceso de velocidad, imprudencias de extrema gravedad, como circular en sentido contrario, y el uso del móvil mientras se conduce, loque igualmente no retrocede y sí crece.
Desde luego, y en materia de una movilidad segura, en nuestro país hemos vivido mejores tiempos. En el después del Covid, somos muchas las personas que estamos desconcertadas ante actitudes generalizadas de falta total de educación, respeto, urbanidad e imprudencias constantes, además de alocadas, al volante. Cuando sucede una tragedia (de las que últimamente conocemos demasiadas en Cantabria), siempre se oyen las mismas frases que voy a entrecomillar. “Nunca os olvidaremos”, “Tomamos buena nota, para que no vuelva a suceder” o “Exigiremos a los responsables de evitarlo que adopten las medidas necesarias, incluidas leyes”. Sabido es que luego, las familias de los fallecidos en estos trágicos sucesos, pelean mayormente solas, para que se haga justicia por la desgarradora pérdida de un ser querido, lo que ha roto para siempre sus vidas.
Precisamente ahora, en la actualidad de Cantabria, se ratifican sentencias y se recurren otras, sobre casos de gran eco social, porque no olvidemos que hoy mandan las redes sociales, que esas sí que no olvidan tan fácilmente como los medios de comunicación tradicionales. Pienso en el accidente de la rotonda de Corbán. Tuvo lugar en la tarde del 26 de julio de 2020. Murieron dos jóvenes de 28 y 29, debido a la violencia del impacto. Pienso en el atropello mortal de la calle Castelar de Santander. Tuvo lugar en la noche del 3 de febrero de 2023. Murió un joven motorista de 19 años, viéndose implicados dos automóviles que circulaban en paralelo, a gran velocidad, según el informe policial. Pienso en el atropello mortal de un ciclista en Torrelavega. Tuvo lugar en la mañana del 11 de febrero de 2023. Un conductor que se dio a la fuga acabó con la vida de un hombre de 66 años. Y pienso en el atropello de la S-20 de Santander, entre las rotondas de Justo Colongues y Repuente. Tuvo lugar a primeras horas de la tarde del 15 de enero de 2025. Allí falleció una mujer de 72 años, arrollada por un conductor drogado y que había robado el vehículo implicado. El lector, con razón, puede pensar que me dejo casos, y no es por dejadez, sino porque, efectivamente, la lista podría ser interminable.
“Después del Covid, somos muchas las personas desconcertadas ante actitudes de falta total de respeto e imprudencias alocadas al volante”.
El siguiente dato que recabo me parece una auténtica brutalidad. La Dirección General de Tráfico (en un momento hablaré de sus anuncios televisivos) cuenta con más de mil radares dispersos por todas las carreteras de España. Pues bien, solo en el año 2023 se formularon un total de 3.355.287 denuncias por exceso de velocidad. Y encima hay que mostrarse satisfechos, ya que en 2022 fueron 3.704.674 las infracciones.
Con semejantes números, no resulta útil el “Nunca os olvidaremos” de la sociedad, porque el de las familias sí es real. El primero, no, no sirve para solucionar un problema descontrolado, que se está llevando por delante vidas de personas que pasaban por delante de unos inconscientes haciendo carrera urbana con sus coches, o de otros cuya velocidad sesga la vida de quienes van tranquilamente, despacio, con su coche o andando por la acera. Desgraciadamente, los casos o ejemplos que menciono se han convertido en habituales.
Las campañas publicitarias o informativas de la DGT son muy agresivas para que impacten en los conductores, en realidad, en toda la sociedad en su conjunto. Las consecuencias de las posibles imprudencias se relatan tal cual, la muerte, la desgracia para las familias, quedarte de por vida en una silla de ruedas, etcétera, etcétera. ¿En este 2025, y tras la pandemia, hacen efecto estos anuncios? Buena pregunta de difícil respuesta, tanto que no me atrevo a darla. Pero, eso sí, no hay día conduciendo mi vehículo en que no me quede boquiabierto con las cosas que encuentro dentro de la circulación urbana. ¿Es que veo más infracciones que antes? Sin duda.
Quiero serles muy claro y directo. Aquí fallan estrepitosamente las condenas, que pueden propiciar un cambio de mentalidad en lo que ahora es un verdadero caos de drogas, alcohol, carreras y otros disparates que nos relatan de habitual los medios de comunicación. Sirvan para convencer datos que les he dado, y el Gobierno haría muy bien en tomarse muy en serio, para además desmentir la idea que hay en la calle de que quien comete un delito extremadamente grave, le caen unos pocos años, que no cumple, ya que pronto vuelve a quedar libre.
Entre tanta frase buenista, hay una cosa clara: nadie va a devolverle la vida a las personas involucradas en estas desgracias provocadas. Y algo así, no puede tener solo el precio de quedar en el olvido, que siga ocurriendo de continuo e incluso vaya en aumento sin que hagamos nada al respecto. Como mínimo, es lo que merecen las familias que piden justicia para lo ocurrido con sus familiares arrollados por tanta insensatez como parece haber ahora.
“El Gobierno haría bien en desmentir la idea de que quien comete un delito, le caen pocos años, que no cumple, ya que pronto vuelve a quedar libre”