Desde la Transición, España tiene reconocido el derecho a la protección de la salud. Igualmente, los poderes deben tutelar la salud pública, a través de medidas, prestaciones y servicios necesarios. Lo deja claro el artículo 43 de la Constitución. Pero para los afectados de enfermedades raras no viene siendo así. Para atenderles como merecen, hay que investigar e invertir. La realidad es otra: indiferencia. Cuando interesa, como sucedió con el Covid, hay todo el dinero del mundo y la vacuna