DINERO PÚBLICO PARA RETIROS DE ORO

Publicado en el Diario Montañés el 16 de octubre de 2011

En octubre de 2008 la crisis había tirado ya con una fuerte patada la puerta de nuestra tranquilidad cotidiana (¡de casa al trabajo y del trabajo a casa!), y todas las alarmas se habían disparado al tiempo con el derrumbe de grandes firmas financieras santo y seña del capitalismo. Era un primer momento de pánico donde los Gobiernos no tenían otra que avalar con dinero público, patrimonio de todos los ciudadanos, el reflote de estas grandes compañías que habían perdido millones de dólares o de euros y puesto en compromiso serio el trabajo de cientos de miles de sus empleados que se podían ver en la calle y sin futuro. Entre estos casos se encontró la aseguradora norteamericana AIG (American International Group), que el 16 de septiembre de 2008 fue rescatada por el Gobierno de Washington con un plan valorado en 85.000 millones de dólares, dinero de los contribuyentes. Como si de una celebración por el rescate millonario se tratase, directivos de esta aseguradora protagonizaron en paralelo el escándalo de gastarse 440.000 dólares en unas vacaciones en un lujoso hotel de California, donde no se privaron de nada. Según los datos difundidos en su momento por el Comité de Supervisión y de Reformas del Gobierno de la Cámara de Representantes Norteamericana (palabras mayores), los ejecutivos, mientras su empresa estaba quebrada y en proceso de rescate, se fundieron en una semana 200.000 dólares en habitaciones, más de 150.000 en comidas, y 23.000 en tratamientos de balneario del hotel de Monarch Beach, donde la habitación costaba mil dólares la noche. El escándalo saltó a todo el mundo y la indignación se mezcló,

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de entrada, con lo que podían pensar millones de personas que empezaban a quedarse -en todo el planeta- en el paro o que lo habían perdido todo con las hipotecas basura.

No sé a qué obedece realmente, pero cuando un País-Estado da un gigantesco paso sin preguntarle antes al contribuyente si diría sí o no a ello, los llamados canales oficiales siempre se apoyan en una gran declaración de intenciones. En lo de AIG fue que la economía se tenía que rearmar ética y moralmente. Que ya no era posible volver a hacer negocios con tanta voracidad y con comportamientos de los altos ejecutivos que rayaban en lo delictivo, tanto por lo que cobraban como por lo que percibían en beneficios y por indemnizaciones millonarias que podían llegar a percibir en caso de despido, incluso si por sus malas gestiones habían contribuido a la quiebra de su empresa. Fueron sólo palabras, evidentemente. Lo que sigue siendo un clamor general a la hora de exigir el cambio de maneras, se ha quedado en malas prácticas económicas y peores comportamientos empresariales que de vez en cuando saltan aquí y allá, a través de los medios de comunicación. De hecho, creo, si los medios no denunciaran estas graves irregularidades, pasarían desapercibidas para el gran público, con la que está cayendo, y cómo lo están pasando millones de familias, en muchos casos con todos sus miembros parados. Dependiendo de lo que se trate, desde el siglo XX arrastramos ante estas conductas un rechazo inmediato, para inmediatamente pasar a pensar que «no va a pasar nada», una vez que la polémica y las noticias escampen.

En España no somos diferentes. Recientemente, dos hechos relacionado con el uso del dinero público en beneficio de malas decisiones y personas concretas, han provocado declaraciones oficiales que querían trasladar a la opinión pública lo «intolerable» y la «indignación» que producían las altas indemnizaciones de las que les voy a refrescar. Dos cajas de ahorros intervenidas por el Banco de España y nacionalizadas por tanto, son motivo de escándalo al recibir sus antiguos gestores indemnizaciones millonarias. Caixanovagalicia destina 20 millones de euros a pagar la salida de cuatro de sus directivos, que digo yo que no lo debieron de hacer tan bien para acabar hundiendo la entidad. Y luego está el caso de la exdirectora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tendrá una renta vitalicia de cerca de 370.000 euros anuales, dato tras el cual poco habría que añadir. Llamarlo intolerable, denominarlo indecente, incluso aludir a la Fiscalía por si hubiera responsabilidades penales en los que van a ser millonarios de por vida tras lo que han hecho, me parece todo como muy flojo y de cara a la galería. Sencillamente, estos dos hechos son indecentes. imagesCAOVG3JMLa confianza de un país empieza porque los que vivimos en él la tengamos realmente. De no ser así, ¿qué podemos pedir y ofrecer a los demás? Con decir que estas cosas pasan en el capitalismo feroz y porque el sistema y el tinglado están montados así, no basta. Los ciudadanos estamos realmente indignados con lo que está pasando, y no hace falta que ningún movimiento con el mismo nombre acampe en la calle durante meses para sentirse así. Rearmar nuestra economía exige, lo primero, ética: «conjunto de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones humanas». Al mundo le faltan valores y le sobran pelotazos y conductas que propician el despilfarro de dinero público transferido a cuentas corrientes de personas que no se han ganado para nada semejantes retiros de oro.

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